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Colombia
Sucesores de los paramilitares actúan impunemente en el país
Karol Assunção –Adital- 05/02/2010
A pesar de que el gobierno colombiano ha realizado un proceso de desmovilización de los paramilitares, surgen nuevos grupos que les dan continuidad, provocando millares de víctimas en el conflicto armando en el país. Al Estado cabe, entre otros puntos, el deber de proteger a los civiles y de garantizar el juzgamiento de los abusos cometidos. Esto es lo que considera la Human Rights Watch (HRW) en informe divulgado hace dos días.
De acuerdo con el documento:"Herederos de los Paramilitares - La Nueva Cara de la Violencia en Colombia", la desmovilización de 37 grupos paramilitares entre 2003 y 2006 no contribuyó a la disminución de la violencia en el país. Esto porque con el fin de los paramilitares, surgieron "grupos sucesores", los cuales continuaron realizando actividades criminales en el país.
Masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsiones son apenas algunas de las prácticas de esos grupos contra los civiles, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y personas desplazadas. Los números presentados en el informe no dejan mentir. Según la Escuela Nacional Sindical - organización que monitorea los derechos humanos en el país, en 2008, fueron denunciadas 468 amenazas contra sindicalistas. De ellas, 265 presentaban grupos sucesores de los paras, como autores de las violaciones.
Según el informe, tales grupos también contribuyen al desplazamiento forzado de miles de civiles. La organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y desplazados (CODHES), por ejemplo contabilizó más de 380.000 personas desplazadas en 2008 en Colombia.
Para HRW, el estado tiene la obligación de proteger a los colombianos y las colombianas, además de impedir los crímenes y juzgar a los autores de tales actividades. Sin embargo, esa postura no esta siendo adoptada por el gobierno.
"Lamentablemente, el gobierno todavía no ha tomado medidas contundentes y efectivas para cumplir estas obligaciones. No ha destinado recursos suficientes a las unidades de policía encargadas de combatir estos grupos, ni a los grupos de promotores responsables de investigarlos. No ha hecho prácticamente nada para investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad pública. Y todavía no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza", destaca.
Tomando en cuenta lo anterior, en el informe, la organización recomienda al Estado que ofrezca recursos a la Promotoría General de la Nación para aumentar la cantidad de promotores e investigar a los grupos sucesores e investigue y juzgue a los funcionarios que toleren o colaboren con tales grupos. También pide al gobierno que coordine la identificación de tierras y bienes que están en manos de esos grupos y garantice la restitución de los bienes a los verdaderos dueños.
El informe completo esta disponible pinchando aquí