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México
Hermanas tzeltales violentadas esperan justicia hace 15 años
Adital 05/06/2009
El día 4 de junio de 1994, las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez fueron víctimas de violencia sexual a manos de militares, en Chiapas, México. Ellas estuvieron dos horas privadas de su libertad en una reserva militar, donde fueron golpeadas y violentadas varias veces. Después de 15 años de haber ocurrido, el delito todavía no fue totalmente solucionado.
Sin embargo, todo indica que el caso comienza a caminar. El último 21 de mayo de 2009, se produjeron las tres últimas diligencias de la investigación que se encuentra abierta en la Justicia Militar. Ahora, el Estado mexicano deberá enviar el caso a la Justicia Ordinaria Civil a fin de que la Procuraduría General de la República prosiga las investigaciones contra los militares responsables y repare el daño ocasionado a las víctimas.
Para realizar el seguimiento del caso de las tres indígenas y ayudarlas en su lucha por que se haga justicia, el Comité Hermanas González, conjuntamente con representantes de las víctimas y de otras organizaciones en defensa de los derechos humanos, lanzó una campaña de apoyo a las hermanas. La campaña invita a la sociedad civil a enviar cartas para presionar a varias entidades estatales involucradas en el caso.
De acuerdo con informaciones del Comité Hermanas González, en abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado mexicano es responsable de la detención arbitraria y violación sexual de las hermanas. Además, declaró que el gobierno no cumplió con la obligación de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
De esta manera, la CIDH recomendó al Estado que investigue el caso y repare adecuadamente a las víctimas. Recomendación que, hasta ahora, no fue completamente respetada por el gobierno mexicano. De esta forma, la intención de la campaña es presionar al Estado para que cumpla con los pedidos de la CIDH: transferir la investigación a la justicia penal y proceder a la reparación de daños a las víctimas.
"Consideramos que mientras no se haga justicia y las hermanas González no hayan recibido las reparaciones correspondientes, el Estado mexicano permanece sin cumplir su compromiso en relación con la protección de los derechos establecidos en los tratados internacionales que ratificó", se afirma en la carta de presión política al gobierno.
La denuncia contra los militares comenzó el 30 de junio de 1994, cuando se presentó el caso al Ministerio Público Federal. Sin embargo, en septiembre del mismo año, la procuraduría General de Justicia Militar decidió archivar el expediente. Ante la falta de justicia, en enero de 1996, las hermanas González, conjuntamente con otras entidades de defensa de los derechos humanos, denunciaran el caso a la CIDH, que responsabilizó al Estado mexicano por ese delito.