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España
Cada año más de 18.000 extranjeras son explotadas por redes de prostitución
Redacción / Europa Press 04/04/2008
Según la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Yolanda Besteiro, la incorporación del colectivo de prostitutas a la Ley integral contra la violencia de género es elemental.
Besteiro defiende que se debe considerar que “la explotación sexual es también violencia machista” por no ser “un trabajo”, haciendo hincapié en la necesidad de que las “estadísticas oficiales” contemplen a estas mujeres conjuntamente con las mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas o antiguos compañeros sentimentales.
Además, la presidenta de la FMP afirma que el número de casos de explotación sexual identificados "no representa ni la mitad de los existentes" en el Estado español, que “constituye uno de los países principales de destino de estas mujeres".
En este sentido, la representante de la organización manifiesta que debería ser aprobado un plan nacional contra la trata de mujeres, y aplicarse una directiva europea que conceda el permiso de residencia a las prostitutas víctimas de la trata de mujeres y de la violencia de género.
El informe ‘Lucha contra la Trata de Mujeres’, basado en datos de la Guardia Civil y elaborado por la FMP con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, revela que Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas en las que, en 2006, la Policía localizó un mayor número de prostitutas víctimas de la violencia machista.
Conclusiones del informe ‘Lucha contra la Trata de Mujeres’
En base al documento, casi el 60% de las mujeres explotadas sexualmente identificadas en clubes de carretera provenían de países latinoamericanos, principalmente de Brasil, Colombia y República Dominicana.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas asegura que sólo un tercio de estas prostitutas latinoamericanas comunicaron a las autoridades españolas su situación, por la dificultad que entraña su reconocimiento “como víctimas", ya que las redes de sus países de origen suelen dejarlas “libres” cuando, al año o a los dos años de su llegada al Estado español, pagan su “deuda” a los proxenetas.
Sin embargo, Besteiro reconoce que la situación irregular de esta mujeres y su obligación de enviar remesas a sus familias, "les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres".
Además, según la presidenta de la FMP, el hecho de que el 72,5% de las prostitutas latinoamericanas sean captadas por sus propios parientes refleja “el caracter familiar de las redes de trata que operan en América Latina”, que “incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes”, acentuando su riesgo de captación.
"Las principales causas" que obligan a estas mujeres a emigrar, en base a Besteiro, son su visión idílica del Estado español, las dificultades para mantenerse en el mercado laboral de sus países de origen, además de la feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares.
Por último, la presidenta de la FMP apunta que el estudio señala que el 83% de las prostitutas latinoamericanas tenía empleo en sus países de origen y el 56,3% tenía estudios primarios.