Antena Misionera

República Democrática del Congo. Un pueblo en fuga

Compartir

No era la primera ni la última vez que la imagen se reproducía: miles de congoleños llevaban como podían todas sus pertenencias y caminaban juntos lejos de sus hogares. Huían en cualquier dirección, ya que la violencia, en ese país, está por todas partes: en las minas de coltán y casiterita que ciegan y ahogan, pero también en las ciudades que oprimen y excluyen. Las violaciones perpetradas por el grupo ugandés LRA, uno de los tantos involucrados en ese complejo conflicto, movían a más de 125 mil hombres y mujeres en septiembre de 2009. Por incongruente que pueda parecer, esa escalada de los desplazamientos forzados se daba al mismo tiempo que el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) promovía el cierre de cinco campamentos de refugiados cerca de Goma, alegando el retorno de la estabilidad y de la seguridad para las cerca de 60 mil personas que allí se encontraban bajo protección oficial.

 

 

Los desplazamientos forzados en el mundo representan un siete por ciento de todas las migraciones. Según el Informe de 2009 sobre Desarrollo Humano, la suma de personas que tuvieron que desplazarse forzosamente llegó a los 42 millones, de los que 26 millones lo hicieron dentro de las fronteras de sus países. La cobertura que esas personas reciben de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es insuficiente: la agencia prevé atender apenas a 480 mil en la RDC en 2011 y todavía no se aprecian en el horizonte soluciones más duraderas para el conflicto.
Según datos de ACNUR, en enero de 2011 más de dos millones de personas eran desplazadas internas en este país que hoy tiene el cuarto mayor índice de refugiados del mundo. La mayoría de ellas está en la zona Este, (provincias de Kivu Norte y Kivu Sur).

El ciclo del desplazamiento

La RDC presenta algunos rasgos bastante particulares en el tema del desplazamiento y que tienen relación directa con la complejidad del conflicto. Podemos encontrar algunas pistas en la verticalidad política para mantener lo que parecía imposible durante cuarenta años: las fronteras coloniales. Por otra parte, debemos tener en cuenta lo que Mahmood Mamdani llama “crisis de la ciudadanía post-colonial” y su manifestación en el surgimiento de diversos grupos con reivindicaciones de carácter étnico, muy relacionadas con el sentimiento de pertenencia que para Nzongola-Ntajala es la base de la solidaridad, del patriotismo y de la sensación de pertenencia. Además, hay que entender las complejas relaciones económicas y políticas que generan los actores internacionales del conflicto, cuestión subestimada muchas veces pero que contiene los mecanismos más concretos de reproducción de la violencia y de la exclusión.
Las formas que el desplazamiento forzado adquiere en la RDC también son singulares. Human Rights Watch identifica cuatro tipos en el informe Always on the run (2010): personas que se mantienen cerca de sus casas y pueblos para cuidar y vivir de sus plantaciones; personas que, por miedo a perder sus propiedades y por la necesidad de conseguir alimentos, se desplazan con una frecuencia casi diaria entre la casa y el refugio; personas que deciden retornar a casa en los períodos largos de cese de violencia; y personas que se quedan en pueblos y casas abandonados, provocando un segundo ciclo de disputa y desplazamiento cuando los antiguos moradores retornan.

Al contrario de lo que sucede en países donde las personas refugiadas se desplazan de un punto a otro apenas una vez y retornan cuando las condiciones de seguridad son restablecidas de manera sólida, en la RDC las estrategias de supervivencia son muy frágiles y se hace mucho más difícil realizar un mapeo. La mayoría de las y los desplazados internos permanece en las casas de familias de acogida, conocidas o desconocidas (Naciones Unidas calcula que en Kivu Norte más del 86 por ciento vive con otras familias).
La escalada de la violencia a partir de 2007 puso en situación de vulnerabilidad a las familias de acogida y un creciente número de refugiados pasó a establecerse en “sitios espontáneos” (iglesias, mezquitas, escuelas, campos abiertos, bases de Naciones Unidas...). Las agencias humanitarias estiman que, en 2009, un 70 por ciento de los refugiados vivía con familias de acogida, un 20 por ciento en sitios espontáneos y apenas un 10 por ciento se encontraba bajo protección oficial en campamentos. Las cifras demuestran lo complejo que resulta realizar estimaciones precisas, teniendo en cuenta el tamaño del país, el nivel de dispersión de los refugiados y la dificultad para acceder a sitios remotos.

 

Camino a casa
Las más de 60 mil personas refugiadas enviadas a casa tras el cierre de los campamentos de Kivu Norte, en septiembre de 2009, fueron informadas de que la operación Kimia II había conseguido restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el retorno. Sin embargo, no se les explicó el motivo de tanta prisa: la operación fue realizada en pocas horas por la noche, lejos de miradas curiosas, y continúa sin saberse hasta qué punto las y los refugiados no sufrieron presiones para dejar los campamentos ni si encontraron de hecho condiciones adecuadas de supervivencia y seguridad.

En ese sentido es importante rescatar el principio de la no-recusa (nonrefoulement), que prohíbe el retorno forzado de los desplazados, un “elemento clave de la protección al refugiado”, como enfatiza Hazle Lang. El principio del retorno voluntario fue considerado por muchos como equivalente a la no-recusa y consagrado en el Derecho Internacional consuetudinario. Pero ese principio no siempre enmarcó las políticas de retorno. En un primer momento se asumía que volver a la tierra de origen era el deseo de todos los refugiados y no se tenían en cuenta los problemas con los cuales se enfrentarían al llegar a casa (no se evaluaba lo estructural, las causas). Como explica Chimni, la puesta en marcha de esta política de retorno voluntario y la posterior verificación de sus límites dio paso a la defensa del retorno seguro (un principio garantizado en la Convención de 1951), un término medio entre el retorno voluntario y forzado, basado en la mejora de las condiciones económicas, de seguridad y de derechos humanos en la zona de origen.

Pero en la RDC la larga duración del conflicto, la complejidad de sus causas y la inestabilidad económica y política que la migración masiva provoca en las zonas de acogida (muchas veces tan inestables, débiles y pobres como las de origen) han llevado a la adopción de medidas que se basan en la “objetividad” y el retorno forzado, y que son adoptadas cuando se considera que el retorno es viable. Estas operaciones no voluntarias deberían ser respaldadas por el Consejo de Seguridad y no usarse ni como instrumento político ni para la persecución de objetivos militares y económicos estratégicos.

La posible existencia y reproducción de casos como éste, en los que no se tienen garantías de retorno seguro, de acompañamiento y de estabilidad, debe ser encarada con seriedad por las organizaciones y agencias que actúan en el país. Al crear la ilusión de que se están haciendo progresos, el retorno forzado de las y los desplazados internos sólo hace más frágil su situación y dificulta la ya complicada asistencia, además de fragmentar las posibilidades de una articulación local capaz de conectar a la sociedad civil y realizar cambios estructurales en las condiciones de vida de uno de los grupos más vulnerables de la población congoleña.

 

50 años de historia violenta

Tras conseguir la independencia de Bélgica, en 1960, Patrice Lumumba, fue designado Primer Ministro al ganar las primeras elecciones libres legislativas.

Luego de cinco años conflictivos Joseph-Désiré Mobutu, apoyado por la CIA, derrocó mediante un golpe de Estado a Kasavubu en 1965, se estableció un sistema político de un solo partido y Mobutu se autoproclamó Jefe de Estado. Ocasionalmente llamaba a elecciones donde él era el único candidato.

El país gozó de una relativa estabilidad, pero el gobierno del dictador Mobutu fue acusado de violaciones a los derechos humanos, represiones, y corrupción extrema; en 1984 se dijo que Mobutu poseía cuatro mil millones de dólares estadounidenses, un importe similar a la deuda nacional, en sus cuentas bancarias en Suiza. Para avivar el sentimiento africanista, comenzó el 1 de junio de 1966 a renombrar las ciudades de la nación: Léopoldville se convirtió en Kinshasa (el país era conocido como la República Democrática del Congo-Kinshasa), Stanleyville fue renombrada como Kisangani y Elisabethville como Lumbumbashi. En 1971 renombró al país como República de Zaire (el cuarto cambio de nombre en once años y el sexto en total), el río Congo se convirtió en el río Zaire y al año siguiente Mobutu se cambió el nombre a Mobutu Sese Seko.

A mediados de la década de 1990 la situación empeoró radicalmente. Dentro del marco de la gran crisis de refugiados de los Grandes Lagos, el genocidio ruandés provocó una avalancha de refugiados que huían de la guerra reinante en Ruanda y Burundi. La incapacidad de Mobutu de manejar esta crisis, acompañado de la pérdida de apoyo por parte de occidente permitió a sus opositores iniciar una gran campaña en su contra que terminó con su huida y la proclamación por parte del líder rebelde Laurent-Désiré Kabila de la "República Democrática del Congo" en mayo de 1997.

Pero los aliados de Kabila pronto se volcaron en su contra y su régimen fue desafiado por una rebelión apoyada por Ruanda y Uganda en agosto de 1998. Tropas de Zimbabue, Angola, Namibia, Chad y Sudán intervinieron para apoyar al nuevo régimen en Kinshasa, iniciándose una devastadora guerra conocida como la "Segunda Guerra del Congo" o Guerra Mundial Africana, el conflicto que más vidas ha costado en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Un cese al fuego fue declarado el 10 de julio de 1999; aun así, la lucha continúa tomando fuerza especialmente en la zona este del país, financiada por los ingresos de la extracción ilegal de minerales como coltán, casiterita y diamante. Kabila fue asesinado en enero de 2001 y su hijo Joseph Kabila fue nombrado Jefe de estado. El nuevo presidente rápidamente comenzó negociaciones para finalizar la guerra y se firmó el Acuerdo de Pretoria, en Sudáfrica, en 2002. Gran parte del este del país sigue siendo inseguro, principalmente por el conflicto de Ituri y las continuas actividades de las Fuerzas Democráticas para la liberación de Ruanda en las provincias de Kivu del Norte y del Sur.

El 30 de julio de 2006 se celebraron en el país las primeras elecciones multipartidistas y libres desde la independencia en 1960. Joseph Kabila obtiene en la primera vuelta el 45% de los votos y su oponente y ex-vicepresidente Jean-Pierre Bemba un 20%. Esto da origen a enfrentamientos entre el 20 al 22 de agosto entre seguidores de los dos candidatos en las calles de la capital, Kinshasa. 16 personas mueren hasta que fuerzas de EUFOR y de la MONUC recuperan el control de la situación. La segunda vuelta de las elecciones se celebra el 29 de octubre y en ella el presidente Kabila consigue ser reelegido.

El coltán sale de las minas a puestos comerciales clave, donde lo adquieren mercaderes extranjeros que lo envían al exterior, principalmente a través de Ruanda. Las empresas con capacidad tecnológica suficiente convierten al coltán en el codiciado tantalio en polvo, para revenderlo después a multinacionales de la tecnología como Nokia, Motorola, Compaq, Sony y demás fabricantes que lo utilizan en teléfonos móviles y otros productos electrónicos.

 

Laura Daudén*

01/05/2011