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Colombia: ataúdes de 50 centímetros
“Juliette Varela en calidad de hija recibe a Rogelio Enrique Varela"
(Juliette Varela se adelanta y un funcionario le entrega una pequeña cajita… un ataúd miniatura).
"…La señora Armas en calidad de esposa, recibe a Tomás Enrique Armas Días…"
(Una señora, viejita, abre el ataudito de 50 centímetros que le ha sido entregado, y toca, palpa; los restos de una calavera, un hueso de la pierna, una mano…).
"El señor Reinaldo Morales, en calidad de hermano, recibe los restos de Agustín Morales Niño"…
Se trata de una entrega de restos óseos de desaparecidos asesinados por la Estrategia Paramilitar del Estado colombiano, en una ceremonia de poca cobertura mediática, en el departamento del Magdalena, región caribeña de Colombia.
Publicado el 01 de mayo 2010
Azalea Robles
Estas son las frases que pronuncia una funcionaria del Estado colombiano, una tras otra, en una ceremonia bajo una carpa. El Estado hace entrega de restos de desaparecidos: los familiares reciben un pequeño ataúd y la funcionaria continúa enumerando nombres… En pocos minutos el Estado pretende saldar las largas semanas, meses y hasta años de sufrimiento y tortura causados por la voracidad terrateniente y la Estrategia Paramilitar implementada por el propio Estado. Tiene que ser una ceremonia breve, de bajo perfil mediático, pasar desapercibida, porque en definitiva los que se han beneficiado de las masacres siguen siendo propietarios, y siguen masacrando…
Fosas Comunes, la Estrategia Estatal del Paramilitarismo y la extradición de la Verdad
La cantidad de fosas comunes en Colombia es escalofriante, sus coordenadas han sido obtenidas gracias a las denuncias de familiares de desaparecidos, a filtraciones putrefactas a las aguas de beber (el caso de la fosa de la Macarena), y tras las audiencias a paramilitares, que, acogiéndose a la "ley de Justica y Paz", confiesan sus crímenes y dan coordenadas de fosas y otros detalles de su rol como herramienta de guerra sucia del Estado. Esta Ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que confiesen sus crímenes.
La ley de "Justicia y Paz" fue diseñada por el presidente Uribe, para que sus Paramilitares lograran impunidad, o condenas raquíticas en comparación con la crueldad y amplitud de sus crímenes: es así como centenares de capos paramilitares, autores de miles de asesinatos, han logrado librarse casi por completo de la cárcel, a cambio de expresar "arrepentimiento", que aderezan con algunas coordenadas de fosas. Pero las grandes fortunas, nacionales o de multinacionales, que han acumulado gracias a estas masacres, siguen intocadas.
De hecho el Estado Colombiano se ha apresurado a truncar las declaraciones de los capos paramilitares, extraditándolos a Estados Unidos para evitar que dieran demasiados apellidos de oligarcas, políticos, gerentes de multinacionales, generales, todos ellos creadores y financiadores de la Estrategia paramilitar del horror.
En el caso de los paramilitares Mancuso, Hebert Veloza, Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), por ejemplo, van a ser juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, y no podrán ser juzgados por crímenes de Lesa Humanidad en Colombia. Al sacar a estos asesinos de Colombia, muchas víctimas se quedan sin conocer el destino de sus desaparecidos, pues en una primera audiencia, estos capos paramilitares suelen dar solamente una que otra coordenada de fosas. Y lo más importante ha quedado sin esclarecer del todo: el Estado busca evitar a toda costa que se filtren los nombres de los autores intelectuales de los crímenes.
Luego de casi dos años de la extradición de varios ex jefes paramilitares de Colombia, la estructura paramilitar sigue activa y perpetrando masacres con ínfulas renovadas. Los autores intelectuales (multinacionales, oligarcas y políticos) han diseñado bien su impunidad, y la forma de dar continuidad a su esperpento, dándole una capa de pintura a la apariencia de legalidad de su instrumento: el estado colombiano. La capa de pintura no alcanza, sin embargo, a tapar a lo que algunos ya llaman la "Motosierrocracia"; pero es suficiente para que de ella se aferren a nivel internacional para cerrar los ojos ante la barbarie y dejar en su sitio a un estado muy útil a los intereses de las transnacionales de USA y UE.
Mientras tanto las víctimas tratan de adivinar dónde han enterrado o desaparecido a sus familiares. Existe la posibilidad, estipulada por la Ley de "Justicia y Paz", de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios, pero esta ley es muy cínica pues no contempló un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU. Y los cientos de miles de familiares, millones de campesinos que sobreviven como desplazados en los cinturones de miseria de las ciudades (pues sus tierras están en manos de Multinacionales o terratenientes oligarcas), difícilmente llegarán a Estados Unidos.