Antena Misionera

Piratería en Somalia. Un negocio donde la mayoría gana.

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El 14 de diciembre de 2010 España asumió el mando de la operación Atlanta de la Unión Europea en el Océano Índico para combatir la piratería. En febrero de 2011, Madrid comienza un programa de adiestramiento militar a agentes de seguridad para los barcos españoles.
Todas estas iniciativas se valoran positivamente… sólo en Europa, no en África. Ofrecemos otra visión de las operaciones antipiratería, totalmente diferente y menos optimista, llegada desde Suráfrica. Mientras que el problema de la piratería en el Océano Índico se expande e intensifica, la comunidad internacional ya no sabe qué hacer.

 

 

La armada naval más grande que el mundo ha visto en los últimos tiempos ha estado patrullando las aguas cercanas a la costa de Somalia para disuadir a los piratas de secuestrar embarcaciones que navegan por la zona. Sin embargo, en lugar de contener el problema, los buques de guerra han empujado a los piratas somalíes más adentro en el Océano Índico.

 

Un problema que crece
Ahora se calcula que entre 1.000 y 1.500 piratas merodean a 2.000 kilómetros de su base en Somalia; han llegado hasta el canal de Mozambique, al este de las islas Maldivas y al mar Rojo. Y, a pesar de los navíos, los piratas secuestraron 35 embarcaciones en 123 intentos entre enero y septiembre de 2010. Esto es más que los 34 secuestros registrados en el mismo periodo de 2009. La presencia de patrullas navales y los mayores peligros de la captura o el hundimiento mientras se opera más lejos de la costa, han incrementado el coste de la piratería. Los pagos de rescates se han duplicado hasta alcanzar una media de 5 millones de dólares, y los rehenes son retenidos hasta 120 días, el doble que en años anteriores.

 

Se han producido numerosos intentos de combatir la piratería en las costas de Somalia, pero el fenómeno está en escalada. La comunidad internacional ha iniciado varias acciones, incluidas intervenciones militares, resoluciones de la ONU, e iniciativas políticas por parte de varios estados y organizaciones. Sin embargo, la amenaza común de estas acciones antipiratería, es que siguen el camino de la mínima resistencia. Parece que han sido elegidas para proporcionar una solución cosmética y eludir la única y obvia solución: estabilizar Somalia.

 

Intentos de solución fracasados
La última iniciativa, la “Estrategia Regional para Combatir y Prevenir la Piratería y Mejorar la Seguridad Marítima”, fue adoptada por los ministros del este y sur del Océano Índico Africano, ESA-IO, en Mauricio, el 7 de octubre de 2010. Dirigida por el Mercado Común para el Este y Sur de África, COMESA, y la Comisión del Océano Índico, IOC, su enfoque de tres niveles pretende implementar una acción en tierra de Somalia; animar a los estados regionales para que lleven a cabo persecución y detención de piratas, con el apoyo financiero de la comunidad internacional y reforzar las capacidades de los estados de la región para asegurar sus zonas marítimas.

 

La Estrategia Regional ESA-IO complementa las iniciativas existentes contra la piratería como el Código de Conducta de Yibuti, el Grupo de Contacto sobre Piratería en las costas de Somalia y la Estrategia de Seguridad y Vigilancia de la Unión Africana, la Estrategia Regional espera conseguir acciones concertadas de los estados miembros para combatir la creciente amenaza, enfatizando su impacto económico negativo.

 

Incluso si el intento de lograr una solución sostenible a la piratería cobra fuerza, ciertos defectos inherentes y acontecimientos que han ocurrido con la recogida de divisas, pueden neutralizar el impacto de la Estrategia Regional para la Piratería y condenarla al mismo final que las demás.

 

En primer lugar, los países que aparentemente están más afectados apenas tienen nada que decir en cuanto a la mejor estrategia para combatir la piratería. Como por ejemplo la nueva Estrategia, al igual que las todas las anteriores iniciativas, esencialmente dependen del ineficaz Gobierno Federal de Transición de Somalia, TFG, como el actor principal para implementar el plan de acción tierra adentro en Somalia.

 

Con un futuro incierto para en TGF, su resistencia endeble en Mogadiscio, la capital, y la decisión de algunos estados de aumentar su compromiso con las administraciones más competentes de las regiones semiindependientes de Somalia, Puntland y Somaliland, confiar en el TFG puede ser algo insensato.

 

Por el contrario, los estados con barcos en el frente de la guerra contra la piratería, liderados por la Unión Europea, no están dispuestos a emprender acciones decisivas. Es significativo que la Conferencia de Mauricio fuera codirigida por la Baronesa Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que no tuvo éxito al intentar convencer a Mauricio para que acogiera juicios contra piratas, quien llegó a un acuerdo para la excarcelación de los condenados, o acatar las condiciones de la UE. Kenia y Seychelles son los principales países regionales que juzgan a los sospechosos de piratería.

 

Problemas jurídicos
El problema de las consecuencias judiciales para los piratas ha sido continuamente irritante. El concepto de jurisdicción universal para el crimen de la piratería ha demostrado ser una falacia en la práctica, debido a los problemas relacionados con los derechos humanos. Las resoluciones y propuestas de la ONU no han hecho más que complicar las ya turbias aguas legales. Los que proponen acciones legales más duras contra los piratas pretenden hacernos creer que, si la mayoría de los piratas capturados estuvieran en la cárcel, la piratería sería eliminada.

 

Se han hecho proposiciones a Comoras, Maldivas, Mauricio, Suráfrica, Tanzania y Mozambique, pero todos se han mostrado reacios a aceptar, alegando buenas razones. Kenia, que ha llevado a cabo la mayoría de los juicios contra piratas, no renovó su acuerdo, para aceptar la transferencia de sospechosos para ser jugados, en septiembre de 2010, aunque lamentablemente fue por una razón muy banal, el dinero, no porque seguir con los juicios contradiga los derechos humanos más fundamentales, que los estados occidentales tanto quieren salvaguardar.

 

 

El gobierno de Kenia mantuvo que el país se ha convertido en un “lugar de desecho” para piratas, sometiendo a presión a su sistema de justicia criminal, sin la correspondiente ayuda de la comunidad internacional. En total, Kenia tiene un trabajo atrasado de casi un millón de casos y sus instituciones penales albergan a más del cuádruple de prisioneros, demasiados. Ya que los juicios se están centrando en los soldados de a pié, y no en los líderes de las operaciones de piratería, la llegada de piratas al lugar no parece que vaya a detenerse en un futuro cercano.

 

Muchos salen ganando
La piratería en el Océano Índico es un negocio próspero porque está sostenida por una floreciente guerra económica que están explotando muchas partes: los señores de la guerra, los financieros de la piratería, los oficiales del gobierno, los barcos de pesca ilegal, los equipos de negociación del rescate, las fuerzas navales, las aseguradoras, las compañías de seguridad privada y otros mercenarios y los islamistas. La inestabilidad y un gobierno en Somalia que no funciona fomentan el aumento de piratas somalíes.

 

Mientras que la atención se centra en la piratería, se calcula que unos 700 barcos de pesca ilegales de propietarios extranjeros están realizando pesca insostenible, de forma ilegal, sin licencia y sin declarar, en aguas de Somalia.

 

La comunidad internacional es consciente del hecho de que los piratas en el mar son meros peones y que los verdaderos culpables están en otra parte, pero no está dispuesta a actuar o es presa de esos intereses. Se dice que algunos de los financieros de la piratería operan en Kenia, Oriente Medio y otras capitales occidentales. Pero nadie lo investiga.

 

Finalmente, la armada naval, que no tiene representación regional, ha expandido el problema de la piratería a las aguas territoriales de otros países de la región.

 

La propuesta de desplegar una marina privada contra los piratas (porque es insostenible utilizar los recursos navales para esta misión de hacer respetar la ley) podría agravar seriamente la creciente inseguridad en la región. El plan de las compañías de navegación y aseguradoras de Londres es financiar una flota privada con 20 barcos patrulleros armados con mercenarios (soldados privados). Londres es la capital mundial de la industria marítima.

 

Buscar la estabilidad de Somalia
El estatus legal de la armada naval privada es indeterminado, aunque sus defensores afirman que este tipo de fuerza acatará las leyes y responderá ante la bandera del país que la contrata, que da la patente de corso, convirtiéndola en corsarios. Sin embargo, el compromiso de las banderas de estado en la lucha contra la piratería hasta el momento ha sido insignificante y definitivamente no constituye un control efectivo sobre la actividad de los mercenarios. Careciendo de restricciones legales, es probable que los “bucaneros” se dediquen a hacer actos que en la mayoría están limitadas por su compromiso con las leyes internacionales.

 

Además, el uso de contratistas privados en la mayoría de las situaciones de conflicto en África es controvertido. Las naciones africanas no deberían permitir a esos mercenarios operar en su territorio, de acuerdo con una reciente resolución de la ONU, que reafirma que su utilización viola los Principios de las Naciones Unidas. A menos que el objetivo de estas fuerzas navales de combatir la piratería sea una fachada para ocultar otros propósitos.

 

En resumen, la piratería como el terrorismo y un montón de otros crímenes transnacionales, han surgido por las condiciones de casi anarquismo que se dan en Somalia. Ya que la piratería es esencialmente un asunto de acatamiento a la ley, la única respuesta efectiva reside en una Somalia estable, para permitir que un gobierno que funcione haga su trabajo de hacer cumplir la ley y el orden.

 

Por lo tanto, reforzar la capacidad de los estados de la región para perseguir a los piratas, no es la solución. De hecho, deberían interrumpirse los tribunales regionales, porque mantienen la ilusión de que el azote de la piratería se está abordando, cuando en realidad han hecho muy poco para reducir su flujo. En cambio, el entusiasmo de las fuerzas navales por capturar piratas debería ir acompañado de un compromiso para procesarlos en sus estados de origen. Por otra parte, mejorar el gobierno marítimo de la región debería excluir cualquier operación de “corsarios” (compañías de seguridad privadas), a menos que tengan la bendición legal internacional.

 

Deborah Akoth Osiro *

02/03/2011