Antena Misionera

Chile
Indios Mapuches y mineros, caras de la misma moneda

Héroes y Terroristas en un país injusto

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Ha pesar de haber resistido a los colonizadores españoles, hoy los mapuches han sido educidos hasta el extremo, dispersados, acosados.

En Chile son encarcelados bajo la acusación de terrorismo por haber defendido su propia tierra y su propia forma de entender la existencia.

Por una parte están los mapuches “terroristas”, por otra los mineros “héroes”, sacados vivos de las entrañas de la tierra. En realidad, tanto unos como otros son víctimas de las empresas mineras, de las forestales, de un sistema injusto.

Mapuches y mineros, caras de una misma moneda, que en Chile algunos comienzan a descubrir.

 

 

La bala de goma provenía del Winchester, calibre 12, de un carabinero. Se incrustó en el cráneo de Edmundo Alex Lemun Saavedra, que murió tras cinco días de agonía. Era el 12 de noviembre de 2002. Alex tenía sólo 17 años. Era un estudiante perteneciente a una comunidad mapuche. Había participado en una acción de recuperación territorial: tierras mapuches que habían terminado en manos de la empresa forestal Mininco (del grupo Matte). El autor del disparo mortal, un oficial de los carabineros, fue escuchado en una Corte marcial. Y, al día de hoy, la familia de Alex Lemun no ha recibido ninguna indemnización por parte el Estado y ni siquiera excusas por parte de las instituciones policiales.

Jaime Facundo Mendoza Collio tenía 24 años, mapuche con algún año más que Alex pero con el mismo destino trágico. Murió a causa de un disparo de las Fuerzas especiales de los carabineros, disparo recibido durante una acción de recuperación de tierras. Era el 12 de agosto de 2009. Como en el caso de Alex, también sobre Facundo las fuerzas del orden han afirmado que su acción fue un acto de legítima defensa, mientras los manifestantes mapuches han afirmado que ellos estaban sólo armados con boleadoras y palos.

Vamos al presente. Es el 12 de julio de 2010 cuando –en (desafortunada) coincidencia con el drama de los mineros sepultados- 32 detenidos mapuche inician una huelga de hambre.

En las cárceles de Chile hay decenas de detenidos mapuches acusados de “asociación ilícita terrorista”, acciones para recuperar sus tierras y hurto de leña en perjuicio de empresas forestales o latifundistas. En realidad, su culpa es haber reivindicado o defendido su tierra de una expoliación continua y devastadora.

A esta situación ya grave, se agrega el encarcelamiento de niños. Luis Marileo Cariqueo, un adolescente encerrado durante 7 meses en la cárcel de menores de Chol Cholo bajo la acusación de terrorismo, en noviembre de 2010 escribe: “Mi lucha es por nuestra libertad, por nuestro territorio. No formo parte de ninguna organización. Mi forma de pensar es el fruto de los valores y principios provenientes de nuestros antepasados, (…) No creo que sea un peligro para la sociedad. Me considero un joven igual a tantos otros que viven en la comunidad y que, junto a sus familias, luchan día a día por un futuro mejor”.

La protesta extrema de la huelga de hambre nace para pedir procedimientos justos, la aplicación de una justicia objetiva e imparcial, pero sobre todo la abolición de la Ley antiterrorista (18.314), promulgada en la época del dictador Pinochet, y aplicada a los prisioneros mapuches. La aplicación de aquella ley –sostienen las comunidades indígenas- es una grave violación de los derechos humanos de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, piden el derecho de propiedad de las tierras ancestrales, exigen el respeto de su forma propia de vida y de la propia identidad cultural.

Para buscar una solución interviene Mons. Ricardo Ezzati, arzobispo católico de Concepción, que se propone y es aceptado como mediador entre el gobierno y los prisioneros. Después de 82 días de huelga de hambre, los Mapuches encarcelados pusieron fin a su protesta, pero los problemas entre el Estado chileno y las comunidades indígenas continúan sobre la mesa. Sin solución.

 

Los Mapuche, prisioneros del “desarrollo”
Caso único en la historia de la Conquista, los Mapuche resistieron a los españoles, con los cuales llegaron a un acuerdo firmando el Tratado de Quillín. Su declive comienza cuando el Estado chileno obtiene la independencia de España, en el año 1818.

Con la derrota de 1883, los territorios ancestrales de las comunidades mapuche se reducen progresivamente de casi 10 millones de hectáreas a sólo 500 mil.

Hoy sobre los territorios (ex) mapuches ha caído el llamado “desarrollo”: empresas nacionales e internacionales están explotando aquella tierra sin ningún respeto hacia las comunidades indígenas y el medio ambiente. Bosques, lagos, ríos, grandes lagos, subsuelo: todo es explotado. Están las empresas forestales que, después de haber devastado parte de los bosques nativos, han comenzado la plantación de pinos y eucaliptos (con rápido crecimiento pero empobreciendo el suelo y la biodiversidad). Las industrias principales son las pertenecientes a los grupos Angelini y Matte, grandes productores de y exportadores de celulosa para la industria del papel. Están después las empresas hidroeléctricas (entre ellas la española Endesa, con su socia italiana Entel), que están construyendo centrales eléctricas, aprovechando la disponibilidad de agua de los territorios mapuche. Y además las empresas mineras en busca de hierro y escandio. Y hay que añadir las multinacionales noruegas del salmón de criadero, que han llevado graves problemas a las aguas frecuentadas por las comunidades por las comunidades dedicadas a la pesca.

En este cuadro de “desarrollo” sin reglas, lo más condenable es que las comunidades no han sido consultadas. A pesar de que Chile haya ratificado la Convención ILO (OIT) 169 en 2008 y que entró en vigor el 19 de septiembre de 2009. El artículo 6 de la Convención prevé que “los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante medios apropiados, especialmente a través de sus instituciones representativas, cada vez que se tomen en consideración medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar directamente”.

La respuesta del Estado a la comprensible movilización de las comunidades mapuches ha sido y es la represión y la cárcel. Con fecha 8 de octubre de 2010, la “Comisión ética contra la tortura” dio a conocer una dura declaración. “La movilización mapuche –afirma- ha puesto en evidencia ante el mundo que en Chile no existe un Estado democrático, que no hay igualdad ante la ley y que, en consecuencia, no vivimos en un Estado de derecho, sino en un Estado policial y de represión que no cumple con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos”.

 

Pablo Moiola

( redactor de la revista “Missioni Consolata”)

 

04/02/2011