 |
|
 |
Reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria
No sólo de palabras
vive el hombre
En 1990 las Naciones Unidas fijaron diez objetivos que deberían ser alcanzados para 2015. El primero es reducir a la mitad el hambre en el mundo.
Hace pocos días un alto funcionario de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmaba que tal como van las cosas, para que se cumpla ese objetivo habrá que esperar al año 2150. Durante 135 años más los pobres se pueden morir tranquilamente de hambre.
Mientras tanto, reuniones, promesas y palabras no faltan. El problema es que no sólo de palabras vive el hombre.
Bernardo Baldeón
Publicado el 01 de febrero 2009
En Madrid no salen las cuentas
Los días 26 y 27 de enero se celebró en Madrid una nueva Cumbre sobre Seguridad Alimentaria con la participación de 95 países. Pero no salen las cuentas. Los países desarrollados habían comprometido 8.000 millones de euros en los últimos años, y las personas que sufren hambre aumentan.
Hace siete meses en Roma se celebró una Cumbre similar. Del dinero prometido por los países ricos, sólo se hizo efectivo el 10%. Total prometer cuesta poco. Un ejemplo: en la Cumbre de Roma, España prometió 500 millones de Euros. Ahora el presidente del Gobierno ha prometido 1.000 millones. Prometer es barato.
En la Cumbre de Madrid, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, proponía que fuera una obligación el que los países ricos dedicaran el 0,7% del Producto Interior Bruto a la ayuda al desarrollo.
Hasta ahora, el libre mercado -que no rige ni en EE UU ni en la Unión Europea para sus agricultores y ganaderos, fuertemente protegidos- era el principal regulador de la producción agraria de los países pobres o en desarrollo, y éste es el segundo error que habría que corregir, según Moratinos. "No se puede dejar en exclusiva al mercado algo tan crucial como la seguridad alimentaria", señaló. Y menos en momentos donde confluyen elementos agravantes, entre los cuales citó el ministro los desastres medioambientales agudizados por el cambio climático; el aumento demográfico de los pobres; la especulación financiera de los ricos y el encarecimiento de la energía para todos.
Se ha hablado en Madrid de la coordinación de la ayuda alimentaria con la creación de un nuevo organismo: El Mecanismo de Organización Financiera (MCF), con una cuenta única de 4.000 millones de Euros directamente para los campesinos. Sus beneficiarios serían las familias con una hectárea de terreno que cultiven productos de primera necesidad. Recibirían cheques directos para adquirir semillas y fertilizantes y sólo se repartirían la subvención a las que sean rentables. La idea es reducir la corrupción en el envío de ayudas, pero con la cantidad de quienes recibirían la ayuda, unos 60 millones de familias, sería imposible un mínimo control.
El problema de fondo
El problema de fondo no está sólo en la cuantía de las ayudas. El verdadero problema está en las “condiciones” que acompañan a esas ayudas. En esas condiciones se encierra la gran mentira de la ayuda al internacional desarrollo. Con frecuencia esa ayuda se convierte en una inversión de la cual salimos ganando los llamados “países donantes”.
Hace ya años se puso en marcha la campaña “¿Quién debe a quién?” encaminada a tener una visión más objetiva sobre la deuda externa de los países pobres.
Unos días antes de la Cumbre de Madrid hacía público un comunicado en el que afirmaba que “endeudar más a África no es la salida para salvar la economía española”. El título del comunicado: “No en nuestro nombre”, nos lleva a pensar que estamos ante una forma de terrorismo económico, Éste es el texto:
La campaña ¿Quién debe a quién? quiere expresar su más profundo rechazo al nuevo plan del Ejecutivo central mediante el cual pretende destinar 100 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), para financiar proyectos que favorezcan la exportación de infraestructuras a África.
Este plan, que tiene por objetivo impulsar la internacionalización de las empresas españolas, endeudará más todavía a los países receptores. Así es: los créditos FAD son el principal instrumento generador de deuda externa del Estado español en terceros países. Estos créditos se otorgan a los países receptores en mejores condiciones financieras que las del mercado, lo cual los hace más atractivos que los créditos comerciales. Sin embargo, el estado receptor se endeuda sin disponer de libertad de contratación para la ejecución de los proyectos, ya que los FAD se otorgan bajo la condición de compra de bienes y servicios españoles.
Con ello, además de endeudar al país y obligar a que éstos desatiendan parte de sus necesidades internas (hay países que destinan más del 30% de su presupuesto interno al pago de esa deuda), se destruye las capacidades locales de crear un tejido industrial propio. Tratándose de una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos créditos, la mayoría de los beneficios recaen en la economía española y no en la de los países empobrecidos, una característica inapropiada para un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos.
El Gobierno justifica esta medida para diversificar e incrementar la actividad exportadora de España, mejorar la imagen y el posicionamiento del país en los mercados internacionales y hacer del sector "una punta de lanza en la lucha contra la crisis", lo cual nos parece del todo irrazonable tratándose de un mecanismo que se contabiliza como Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, no pensamos que endeudar más a los países africanos sea la fórmula para salir nosotros de una crisis en la que ellos también están metidos.
Además, la campaña ¿Quién debe a quién? quiere denunciar la voluntad del Gobierno de flexibilizar los seguros por cuenta del Estado gestionados por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), ya que éstos son el segundo mecanismo por el que se genera deuda en los países empobrecidos.
La campaña considera que antes de seguir promoviendo dichos instrumentos generadores de deuda el Gobierno central debería de afrontar sin más dilaciones (llevando ya más de un año de retraso) la reforma legal del FAD y de CESCE, tal y como está obligado por la Ley 38/2006, del 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa en su disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente.
Exigimos que en dichas reformas se prioricen los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ecológicos de los pueblos receptores de estos fondos por delante de los intereses comerciales españoles, así como que se elimine la utilización de instrumentos crediticios como los créditos FAD de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De la misma manera, demandamos que en estas leyes se establezcan los mismos niveles legales de responsabilidad de las empresas receptoras que aquellos que actualmente están en rigor en el Estado español.
Por todo ello, exigimos al Gobierno que antes de llevar a cabo los planes previstos presente de manera inminente un proyecto de reforma del FAD y CESCE, que pueda ser debatido en profundidad con el conjunto de la sociedad civil preocupada por la justicia social y el desarrollo integral y humano de los pueblos empobrecidos del Sur, los cuales han tenido que sufrir durante 30 años de unos instrumentos tan perjudiciales e ineficaces para su desarrollo.
No bastan las palabras
No sólo de palabras y promesas vive el hombre. Acabar con el hambre es posible. Pero antes habrá que acabar con el palabrerío de las grandes reuniones, exigir voluntad política y social para hacerlo y, especialmente, una mayor transparencia en la ayuda a los países pobres.