Humanizar la economía

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La situación actual hace cada vez más urgente una seria reflexión sobre la relación entre economía y religión.
Estas reflexiones nos ayudan a entrar en el tema.

 


“Un texto radical
Empiezo esta reflexión con un texto que considero de gran actualidad:

«Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio.

 

Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en
sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos el alma de la misma, de modo que nada ni nadie puede respirar contra su voluntad.

 

Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia. […]

 

Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, venerables hermanos y amados hijos, son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo, sino también padeciendo: la libre concurrencia se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz.»

 

Al servicio de la persona humana
Quizá haya alguien que se pregunte de quién son estas palabras tan actuales y tan duras. ¿Karl Marx? ¿Bakunin? ¿Robespierre? Pues son de Pío XI, pronunciadas en una encíclica social titulada Quadragesimo anno, el 15 de mayo de 1931, en medio de una gran recesión económica que por aquellas fechas asolaba todo el mundo capitalista.

 

La enseñanza social de la Iglesia ha sido desde siempre muy crítica con el tema de la usura y de todo tipo de préstamo con elevados intereses. Las raíces de esta postura las encontramos en la misma Sagrada Escritura, donde se considera que cobrar intereses entre aquellos que formaban parte del mismo pueblo, el pueblo de Dios, es un pecado grave. El Creador había hecho el mundo no para unos pocos sino para todos, y solo Él es el amo de la tierra. De la tradición de Israel pasó a la tradición cristiana.

 

Era enseñanza general de los primeros Padres de la Iglesia que los humanos no somos propietarios en el sentido que le daba a esta palabra el derecho romano –derecho de uso y abuso sobre los bienes–, sino que somos administradores en favor del bien general. Esta mentalidad se mantuvo hasta los tiempos del moderno mercantilismo.

 

La Iglesia a partir del capitalismo liberal ha reconocido la legitimidad de los beneficios como una justa compensación por la buena marcha de las empresas. El Concilio Vaticano II, sin embargo, manifestó con total claridad que el beneficio no es la finalidad primordial de las empresas: «La finalidad fundamental de la producción no es el beneficio, sino el servicio de la persona humana, del hombre integral»

 

Las empresas y los mercados en su conjunto no solo realizan su misión fundamental al servicio de las personas mediante unos sueldos justos, la posibilidad de participar en los beneficios por parte de los trabajadores, la calidad de los productos y un trato digno a los trabajadores y clientes, tal y como reiteradamente ha expresado la Doctrina Social de la Iglesia, sino también mediante una fiscalidad adecuada. En el libro Compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el apartado 355 se dice: «Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad».

 

El fundamento de esta mentalidad sobre la fiscalidad y la distribución solidaria de los impuestos de cara al bien común radica en la justicia que surge de la fe.

 

Cuatro dimensiones de la justicia
Un mundo que tiene que llegar a satisfacer los derechos y los deberes de todas las personas, el bien común, la fraternidad como fundamento de la solidaridad y la opción preferencial por los sectores más vulnerables de la sociedad, debería tener en cuenta estas cuatro dimensiones de la justicia:

Justicia conmutativa
Aquella que exige que haya igualdad del valor entre los bienes y servicios y lo que se recibe en su intercambio. Dado que ambas partes a menudo no gozan de las mismas capacidades y condiciones de negociación, esta justicia ha de ser complementada por las otras tres dimensiones.

 

Justicia contributiva
Aquella que determina las prestaciones, generalmente en forma de impuestos, que cada individuo personal o legal debe hacer a la sociedad en orden al bien común.

 

Justicia distributiva
Aquella que determina lo que la sociedad ha de proporcionar a cada individuo por razón de su dignidad humana y para poder atender a las propias y esenciales obligaciones.

 

Justicia social
La que exige un nuevo orden global único y solidario donde los derechos y deberes entre diferentes Estados o entre territorios dentro de un mismo Estado se vayan nivelando de forma que la dignidad humana quede por encima de otros condicionamientos.

 

Preguntas que no se pueden silenciar
Desde estas perspectivas de la justicia queremos responder a unas cuantas preguntas que, a pesar de que se hayan ido silenciando, siguen vivas en la actual situación de crisis.

 

a) ¿Son admisibles los paraísos fiscales desde el punto de vista de la justicia?
Aunque responden a unas leyes que se fundamentan en la capacidad legislativa de los Estados, son totalmente inadmisibles y absolutamente inmorales, ya que facilitan que los capitales puedan eludir su deber contributivo. Esto provoca que quienes cumplen con este deber contributivo tengan que acabar soportando una carga más grande. Además, los paraísos fiscales atentan contra la justicia social global al priorizar unos intereses particulares por encima del bien común.

 

La evasión de capitales a los paraísos fiscales y la misma existencia de estos paraísos, aparte de ser una auténtica perversión moral, debería ser considerada delito por el derecho internacional.

 

b) ¿Responde a la justicia la fiscalidad tal y como hoy está planteada?
El sistema fiscal responde a la justicia contributiva y distributiva cuando es un sistema sostenible, democrático y progresivo, es decir, que impone más carga a quien más tiene. Evadir la responsabilidad fiscal a través de todo tipo de subterfugios siempre se ha considerado un delito y, desde el punto de vista ético, una clara inmoralidad.

 

c) ¿Es justa la desigualdad de derechos sociales y sindicales que existe entre los diversos Estados y que se ampara en la soberanía de cada Estado?
La soberanía de los Estados no debería ser ilimitada, sino que ha de estar sometida al bien común global. Muchos de los desequilibrios y de las miserias que hoy asolan nuestro mundo se deben a las notables disparidades entre los Estados en temas referentes a derechos y deberes sociales, los proteccionismos, la falta de democracia y el control financiero y económico por parte de unas pocas empresas transnacionales dominantes.

 

d) ¿Es justo que cuando no se puede pagar la hipoteca de una vivienda se tenga que abandonar la casa y quede pendiente el pago de la deuda?
Aunque exista un compromiso legal, y la firma de un contrato que incluía esta posibilidad, desde el punto de vista ético se trata de una imposición de condiciones injustas: pueden llegar a marcar toda la vida de una persona o de una familia, con unas deudas difícilmente asumibles. Muy probablemente estemos ante un caso de usura, y en todo caso la carga final es muy superior y por tanto injusta en relación con una decisión tomada no siempre con todo el conocimiento e información. Se hace necesaria una revisión de la ley que permite estas situaciones, y en el caso de las personas ya afectadas buscar vías de solución pactada que posibiliten una salida justa.

 

e) Las agencias de calificación sobre la situación económica de la banca y de las administraciones ¿deben estar sometidas a control democrático de forma que no se conviertan en medios al servicio de intereses particulares?

 

Últimamente, estas agencias han tomado un protagonismo de cara a la economía financiera que las ha convertido en auténticos amos y señores de los mercados. Son agencias privadas, que responden a intereses de importantes grupos financieros y que en sus calificaciones sitúan a las economías de los Estados y de los bancos en el dilema de aceptar unos préstamos a intereses ligados a las previsiones que las mismas agencias señalan. No tienen control democrático, y de hecho influyen de forma casi decisiva en el establecimiento de normas, leyes y, en muchos casos, recortes de bienes elementales para la sociedad. La democracia debe poder regular, controlar, sancionar y valorar estas agencias.

 

Contra la resignación, no renunciar a la confianza
Nos gustaría terminar esta reflexión con unas palabras de Benedicto XVI:
«Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación económica actual, pero hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada.» (Caritas in veritate, n. 21).


 

Jesús Renal, sj. (CiJ)

10/02/2012