Antena Misionera

Barbarie en el campo brasileño

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Las muertes de José Claudio Ribeiro y de Maria do Espírito Santo muestran que persisten las diputas por el control del campo y de la selva.

La marcha fúnebre seguía al ritmo de las palabras del himno nacional (la letra, en lugar de resaltar las batallas, las conquistas, las muertes, la fuerza, como suele ser, habla de una madre gentil, que mira por sus hijos, de una tierra donde los campos tienen más flores, donde los bosques tienen más vida y la vida, en su seno, más amores). La patria-madre es Brasil pero sus hijos, en ese día, lloran. Estamos en el Estado de Pará, en el norte del país. Un Estado que es mayor que Alemania, Francia e Italia juntas. La ciudad es Marabá, pero los dos cuerpos que hoy son enterrados bajo el llanto de centenas de campesinos vino desde Nueva Ipixuna, un pequeño pueblo de no más que 15 mil habitantes. José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva son las dos muertes más recientes por la violencia en el campo, una guerra política y económica que se llevó a 376 personas en la última década en Brasil. Pará es el primer Estado de la lista en número de muertes.

 

 

El 24 de mayo, día de la emboscada, la pareja tomaba la carretera para llevar dinero a la hermana de Claudio, que pasaba por problemas de salud. Al disminuir la velocidad para cruzar un puente en condiciones precarias, fueron sorprendidos por sus verdugos. María fue la primera en morir. A los dos les mutilaron parte de una oreja. En esa parte del Brasil rural, donde la muerte se encarga y se paga bien, eso prueba que el servicio se cumplió. El único testigo posible del asesinato, el agricultor Herivelto Pereira dos Santos, fue asesinado apenas dos días después. Hasta ahora, el único sospechoso de haber ordenado los crímenes es José Rodrigues, un ganadero que, por cuenta del activismo y de la persistencia de Zé Claudio y María, habría perdido el derecho de extender sus propiedades por un área destinado al asentamiento de campesinos. Rodrigues habría dicho que la pareja pagaría caro por desafiarle. Se dice por aquí que las muertes costaron cinco mil reales (2.200 euros) al hacendero.

 

El código, la muerte, el futuro
La coincidencia no existe. Al contrario de lo que se suele contar, la muerte de Zé Claudio, de su esposa, del testigo del crimen y de otros asesinatos que tuvieron lugar en otro punto de la Amazonía en el mismo período (los campesinos Adelino Ramos y Marcos Gomes da Silva perdieron la vida en el Estado de Roraima) son parte de un panorama bastante más amplio, profundo y antiguo. No por otro motivo, sus muertes fueron comparadas a las de Chico Mendes y Dorothy Stang, los dos casos más destacados en Brasil. Pero hay un hecho que todavía ilustra mejor el momento actual: después de días de disputas políticas, el mismo 24 de mayo fue aprobada, en la Cámara de los Diputados, la reforma del código forestal brasileño. El texto, elaborado por Aldo Rebelo (del Partido Comunista de Brasil) estuvo rodeado de polémicas y mostró hasta qué punto la clase política está dispuesta a arruinar el futuro del país para seguir con intereses individuales.

Para entender lo que significa la reforma del código es fundamental recurrir al análisis hecho por el periodista Bernardo Gutierrez: según datos del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (IMAZON), 2.350.000 kilómetros cuadrados (casi cinco veces el tamaño de España) de la selva no tienen una titulación definitiva. Al menos un millón de kilómetros cuadrados están en situación irregular. Con la aprobación del código en la Cámara de los Diputados (que aún debe pasar por el Senado y, si es aprobado, sancionado por la presidenta Dilma Rouseff) se va a regularizar casi la totalidad de esas propiedades. Es así de escandaloso: los deforestadores serán amnistiados y los que se apropiaron ilegalmente de tierras de la selva tendrán sus derechos garantizados.

El texto, criticado por la presidenta pese a que haya sido redactado por un aliado, va más allá. “El código reduce el porcentaje de selva obligatorio en propiedades privadas del 80 por ciento al 50 por ciento. Y disminuye la franja de protección de los márgenes de los ríos de 30 a 15 metros a cada lado.

Además, flexibilizando la protección de manantiales, el código facilita la llegada de la agricultura a la Amazonia”. En entrevista a la periodista Marcela Rocha, el obispo Don Ladislau Biernaski, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, lamentó la decisión de los diputados: “[el nuevo código] permite que los responsables por graves crímenes ambientales queden impunes. ¡Eso no es posible! Ellos serán perdonados por crímenes contra la naturaleza. Eso sin hablar de aquellos que han expulsado poblaciones de sus tierras, que han hecho amenazas de muerte, que han matado… El lobby ruralista es muy fuerte”.

Cuando habla de los “ruralistas”, el obispo se refiere al grupo de grandes productores y propietarios rurales que constituye una bancada de presión política en Brasilia. Son parte de la oposición conservadora, heredera de las oligarquías que por muchos años se han alternado en el poder. El equilibrio de fuerzas (más bien, su desequilibrio) ha jugado un papel importante en la decisión de aprobar el texto de Rebelo. El gobierno de Dilma, contrario a la propuesta, pasaba justamente por el punto más alto de la crisis alrededor de la multiplicación patrimonial del ministro de la Casa Civil, Antonio Palocci. Una derrota en la Cámara sería importante para minar, aún más, la estructura del actual gobierno.

Además de probar la fuerza de los conservadores, la votación del nuevo código también sirvió para mostrar que el gobierno de Dilma tiene una base bastante heterogénea y, para algunos, incluso desleal. El enemigo interno se llama PMDB y es nada más que el mayor y más influyente partido de Brasil. Aliados del PT a lo largo de la campaña han ganado la vicepresidencia de la república para Michel Temer. En vísperas de la votación, bajo las amenazas de Temer de movilizar el partido para que votara a favor del nuevo código, él y Palocci tuvieron una pelea por teléfono que llegó a ser conocida públicamente. A lo largo de la discusión, Palocci amenazó romper con el PMDB en caso de que no siguiese al gobierno. Pero no hubo manera. Como se vería al día siguiente, en esos temas ya no importa el grado de lealtad: 410 de los parlamentares dieron el voto favorable a la reforma del código. Apenas 63 votaron en contra. En medio a esa disputa estaban las castañeras de Zé Claudio y su vida misma.

 

Atribuyendo responsabilidades
Pese a que sabía de los riesgos de su actividad, Zé Claudio nunca llegó a pedir, oficialmente, protección del Estado brasileño. Pero eso no significa que el Estado tampoco supiera de las amenazas a las que la familia estaba expuesta. Un documento elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra y que fue entregado al gobierno federal contenía más de 1.800 nombres de campesinos y líderes comunitarios que estaban amenazados de muerte a causa de disputas de tierra desde 2001. Muchos ya han perdido sus vidas, como la pareja de Nueva Ipixuna; otros han sufrido violaciones de todos los tipos; los perpetradores, muy pocos han llegado a cumplir su pena. De hecho, Pará detenta también ese récord: el 98 por ciento de los asesinatos en el campo en los últimos diez años han quedado impunes. La gran mayoría de los casos (162 de 219) tiene que ver con la disputa por tierra y bienes naturales.

Zé Claudio y María, su esposa, eran activistas que defendían la selva, la actividad de extracción (vivían de la cosecha de castañas) y la reforma agraria, y lo hacían desde el campamento de Praialta-Piranheira, adoptado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA, como modelo de asentamiento sostenible en la Amazonia. Su lucha pasaba por denunciar la apropiación ilegal del campo (lo que se llama de “grilagem”), el corte ilegal de madera y la degradación del medio ambiente (lo que se anteponía a los intereses de mucha gente, desde los grandes hacenderos hasta los dueños de serrerías y carbonerías que actúan en la región). Zé Claudio tenía plena conciencia del riesgo que su familia corría: “es duro combatir el sistema”, dijo al periodista Felipe Milanez en octubre de 2010.

En otra ocasión, durante una conferencia en noviembre, fue aún más lejos, prediciendo su asesinato: “Es por eso que vivo con la bala en la cabeza a cualquier hora, porque voy adelante, yo denuncio a los madereros, denuncio a los carboneros y es por eso que ellos piensan que yo no debería existir. La misma cosa que le hicieron a Chico Mendes, la quieren hacer conmigo. La misma cosa que le hicieron a la hermana Dorothy [Stang], la quieren hacer conmigo. Yo puedo estar aquí, hoy, hablando con vosotros pero dentro de un mes ustedes pueden recibir la noticia de que yo he desaparecido” .

Las muertes de Zé Claudio y Maria son incómodas porque muestran la cara de un Brasil al margen de la legalidad y de los derechos fundamentales (tan lejos de ese Brasil que se ve en las portadas de las revistas internacionales). Como bien han señalado los educadores y estudiantes signatarios del manifiesto en contra de la violencia en el campo, los “emprendedores de la modernidad en el sector agrario del país utilizan las armas como estrategia empresarial y hacen andar de las manos a la alta tecnología del agro negocio y los métodos más primitivos y truculentos de los señores de las usinas [de azúcar] y los coroneles”.
Así mismo, pese a la negatividad y el sentimiento de impotencia que suelen acompañar ese tipo de episodios, la presión de la sociedad civil es cada vez mayor para que los responsables sean encontrados, para que se den respuestas y soluciones a los muchos que siguen bajo amenazas y para que se piense en el futuro de la selva y de los que dependen de ella. Eso porque el dolor también despierta nuestra inconformidad. En el vídeo grabado y producido por Marcelo Lacerda y Felipe Milanez se escucha a la multitud que canta el himno con fuerza a la vez que entierra sus muertos más llorados. Un verso de la letra es repetido hasta la extenuación cuando se termina la música: “Verás que un hijo suyo no huye de la lucha, verás que un hijo suyo no huye de la lucha, verás que un hijo suyo no huye de la lucha…”

 

Nuevos sucesos
Mientras el gobierno de Pará (controlado por el principal partido de oposición, el PSDB) y el federal intercambian acusaciones y distribuyen responsabilidades, el quinto agricultor ha muerto en el Estado el día 9 de junio. Obede Loyola Souza, de 31 años, fue asesinado a tiros en la ciudad de Pacajá. Como los demás, Obede era morador de un asentamiento y, como indican los primeros relatos, él había discutido con madereros que transitaban con sus camiones por la zona. Como suele ser, las autoridades intentan defender la suposición de que se trata de una muerte por desafectos internos, que no tiene relación con las disputas por tierras y recursos.

Pero no todos aceptan esa postura. La Asociación de Jueces Federales (Ajufe) decidió proponer que los crímenes contra los derechos humanos en la región norte de Brasil sean llevados a la instancia federal, lo que podría acelerar los procesos y disminuir la impunidad. La actitud muestra que, para muchos, las muertes no constituyen casos aislados, sino más bien una sistemática y creciente violación de los derechos en el campo.

 

Laura Daudén

01/08/2011